Se a informado que el país de Japón se prepara para una era de mayor rigor en la convivencia y la aplicación de leyes para los residentes no japoneses. El gobierno, a través de la Ministra de Seguridad Económica y promotora de una «sociedad de coexistencia ordenada», ha anunciado que se tomarán «medidas estrictas» contra aquellos extranjeros que incumplan las reglas y hagan un uso inadecuado de los sistemas públicos. El objetivo central es asegurar que los «extranjeros que hagan cosas malas ya no existan en Japón». Buscando calmar la ansiedad pública y el «sentido de injusticia» causado por una minoría.
El anuncio representa un cambio de autoridad en el enfoque migratorio de Japón, priorizando la seguridad y la estricta aplicación de las leyes para todos los residentes. El foco de las nuevas directrices está en la represión de los «crímenes y el comportamiento disruptivo» y en el «uso inapropiado de los sistemas públicos» por parte de algunos extranjeros.
El gobierno ha reconocido que los sistemas y políticas actuales son «inadecuados para las circunstancias actuales» y necesitan una revisión exhaustiva para fortalecer la gestión de residencia y, específicamente, el control sobre la adquisición de tierras por parte de ciudadanos no japoneses.
El contexto de las «medidas estrictas» en Japón se ve reflejado en incidentes virales, como el caso de la joven chilena que realizó gimnasia o «dominadas» en un arco torii sagrado. Este acto es un ejemplo directo del «comportamiento disruptivo» que el gobierno busca penalizar, ya que implica el uso inapropiado de una estructura cultural. La amplia difusión de este tipo de irrespeto en redes sociales exacerba la «ansiedad pública» y valida la implementación de la nueva política de aplicar mano dura contra los extranjeros que no sigan las reglas de convivencia en Japón.
La implementación de estas medidas estrictas busca garantizar la experiencia positiva de la mayoría de los residentes extranjeros que cumplen con la ley. La postura oficial busca diferenciar la aplicación de la ley de los sentimientos xenófobos, dejando claro que las medidas van dirigidas únicamente a los infractores. El objetivo es «crear una situación en la que solo aquellos que sigan las reglas y leyes estén en Japón».
El gobierno mantiene la necesidad de acoger a trabajadores extranjeros que son vitales para suplir la escasez de mano de obra en Japón. Por lo que la aplicación de la ley buscará el equilibrio entre la firmeza y la apertura laboral.
La nueva postura busca restaurar la confiabilidad de los ciudadanos japoneses en que el Estado puede manejar los desafíos de la migración y la convivencia. Al anunciar públicamente la mano dura, el gobierno envía un mensaje de que está tomando acciones para aliviar la «ansiedad» ciudadana. La confiabilidad se basa en la promesa de que la ley será un garante de la paz y el orden.
La decisión de Japón de imponer «medidas estrictas» marca un punto de inflexión en su política migratoria. La clave es la coexistencia: bienvenida a quienes contribuyen legalmente y aplicación rigurosa de la ley a quienes causan desorden. Es un intento de reajustar el equilibrio social en un país con una creciente población extranjera.
Aunque la intención es proteger el orden público, la implementación debe ser extremadamente cuidadosa para no dañar la experiencia de los millones de residentes extranjeros que viven y trabajan legalmente. La confiabilidad del sistema depende de que las «medidas estrictas» se apliquen con justicia y sin sesgos.
Fuente: TW Tokyo Weekender