Los Japoneses han descubierto una petición dirigida a la Cámara de Representantes solicitando reforzar las políticas que incorporan las voces de las víctimas y revisar aún más las leyes relevantes para erradicar el abuso sexual y la explotación de niños. La petición destaca preocupantes estadísticas y críticas hacia la actual legislación.
Según el documento, la petición fundamenta su solicitud señalando que, a pesar de la revisión de la Ley de Prohibición de la Prostitución y la Pornografía Infantil, el número de arrestos por crímenes de pornografía infantil no ha mejorado significativamente. En 2022, el 86% de las víctimas de pornografía infantil eran niñas y el 14% eran niños, mostrando una tendencia al alza. Incluso cuando se podía identificar a la víctima, este es el segundo número más alto en la historia, solo superado por el peor momento justo antes de la pandemia de COVID-19. Además, si se consideran los casos donde no se pudo identificar a la víctima y se procesó el crimen basándose en la determinación de edad por un médico u otra persona, el número real de víctimas sería aún mayor.
La petición también señala que la prostitución infantil ha estado aumentando nuevamente desde 2015, y que las definiciones actuales de prostitución infantil y pornografía infantil, la Ley de Bienestar Infantil y la Ley de Prevención del Abuso Infantil no pueden proteger a los niños de la explotación sexual en negocios como el “JK (chicas de instituto) business”, “JC (chicas de secundaria) business” y “JS (chicas de primaria) business”. Ignorar la comercialización sexual de las imágenes de los menores extiende el valor de la explotación sexual en la sociedad y viola gravemente el derecho de los niños a vivir y crecer de manera segura y protegida.
Un Relator Especial de la ONU que visitó Japón en 2015 criticó la situación de la sociedad japonesa en relación con la explotación sexual infantil, y en 2019, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió recomendaciones al gobierno japonés, urgiendo fuertemente la implementación de medidas basadas en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estas medidas incluyen la criminalización de la producción, distribución, oferta, venta, acceso, visualización y posesión de imágenes o representaciones de niños en actividades sexuales explícitas, o representaciones de las partes sexuales de un niño con fines sexuales.
Han pasado 25 años desde la promulgación de la Ley de Prohibición de la Prostitución y la Pornografía Infantil, y 10 años desde su segunda enmienda. La petición urge a que se consideren las recomendaciones de la ONU, junto con la declaración conjunta de la Cumbre del G7 de 2023, para establecer y fortalecer un sistema que haga cumplir la ley de manera efectiva. Esto incluiría revisar aún más leyes relevantes como la Ley de Prohibición de la Prostitución y la Pornografía Infantil, el Código Penal, la Ley de Bienestar Infantil y la Ley de Prevención del Abuso Infantil, incorporando las voces y sugerencias de los sobrevivientes de abuso y explotación sexual.
Este movimiento ha preocupado a los consumidores de contenido de lolis y shotas, que protagonizan personajes de anime que parecen ser menores de edad. No es la primera vez que se intenta regular este tipo de contenido sin llegar a una conclusión definitiva. La controversia reside en el equilibrio entre la libertad de expresión artística y la protección de los derechos infantiles, una cuestión que sigue siendo intensamente debatida en la sociedad japonesa.
Fuente: Yaraon!